Carretera San Cristóbal - Baní

El presidente Leonel Fernández Reyna ha ordenado la inmediata reanudación de la ampliación y terminación de la autopista San Cristóbal – Baní a pesar de la oposición de la Cámara de Cuentas que audita la construcción de esta obra iniciada en el gobierno de Hipólito Mejía.

Es el propio Presidente quien revela que conversó con la empresa encargada de ampliar la carretera para que esta reinicie su ejecución ante la presencia del Senador y los legisladores del PRD de la provincia de Baní en el acto de juramentación del Consejo de Desarrollo Provincial de este municipio.

La posición del Ejecutivo responde a su plan de desarrollo de los enclaves productivos nacionales mientras que la Cámara de Cuentas cumple con su misión de proteger los bienes y valores públicos con la fiscalización de esta obra. La Cámara de Cuentas rinde información al Senado, a la Cámara de Diputados, al Presidente de la República y al Tesorero Nacional como organismo técnico especializado. En caso de irregularidades en la fiscalización contable iniciada a ésta obra la Cámara de Cuentas por ley no esta facultada para hablar sobre la investigación al Presidente solo si ésta compromete la responsabilidad de un alto funcionario de la Nación y pone en peligro los intereses de la República. Sí el Presidente consulta a la Cámara de Cuentas esta solo le hablará sobre cuestiones generales y abstractas del dictamen financiero solicitado porque hay una investigación financiera en curso.

Es facultad de la Cámara de Cuentas conocer, revisar y aprobar todas las cuentas generales y particulares del Estado, sí esta construcción es realizada a través de una cuenta del Estado; entonces a la Cámara de Cuentas le compete la intervención de la misma. Existen algunas obras que se realizan mediante el modelo de concesión del Estado para construcción, mantenimiento y operación de infraestructura vial que se paga por el uso de la carretera en un tiempo acordado a través de peajes, en este caso el gobierno da una inversión pública inicial y da su aval con una aportación al servicio de la deuda, la licitación la gana el inversionista privado que con sus recursos comprometa menos la inversión del Estado en la obra. si la ejecución del dinero procede de una cuenta estatal especializada para esta obra entonces la Cámara de Cuentas esta facultada para intervenirla.
Si la sociedad es pública-privada entonces el Estado debe preservar sus intereses a través de los organismos de competencia como la Cámara de Cuentas.

Sobre la ampliación de la carretera San Cristóbal – Baní versan varias denuncias respecto a la movilización de tierra y en pagos no realizados según informaciones periodísticas.
Es notable también la inversión del Estado, la carretera es crucial para el desarrollo de la Región Sur y sus pobladores reclaman su terminación, el dinero público invertido en la vía es cuantioso por lo que el País merece una explicación del uso de esos recursos, el Presidente cumple con su agenda de desarrollo al autorizar el reinicio de la ampliación de la carretera pero ¿ El ha sido bien informado sobre el manejo del dinero destinado para su construcción ?

Se denunció la política de endeudamiento irresponsable del anterior gobierno comprometiendo las finanzas públicas, porque dar esta orden frente a legisladores del PRD que aunque puedan participar en un Consejo de Desarrollo Provincial fueron compromisarios de esas deudas.

Es comprensible la presión social para el reinicio de la obra por los riesgos de desplazarse por esa carretera y la importacia vital para la zona pero se requiere transparencia para deslindar lo mal hecho de lo bien hecho.


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