Aproximación Reflexiva Sobre Dominicana.

La Republica Dominicana padece una crisis múltiple que abarca a las instituciones, a los servicios, al sistema político y a toda la estructura sistémica. Aunque las reglas de juego están establecidas para el buen desempeño social, las instancias de decisión violan las normas de tal manera, que la ley no impera sino la fuerza de la costumbre, desvirtuando el ambiente armonioso que debe existir en toda sociedad organizada.

Las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas al servicio del ejecutivo, síndicos, senadores, diputados, jueces, militares, policías, empleados y funcionarios públicos (no de la población a la que pretenden servir) la dirigen seres humanos utilitarios, propensos a obedecer a un poder transitorio que pretende perpetuarse en el tiempo con el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición para bien dirigir a un país. Las partidas de estos recursos que por razones económicas son bienes escasos deberían distribuirse de manera racional de acuerdo a las normas institucionales pautadas para su uso. La violación a estas normas estipulan una práctica corrupta administrativa por lo que su detección no debería ser una complejidad para los entendidos en la materia porque la complicidad, oficial primero, social después, genera un vector de extrema pobreza en la sociedad. La corrupción sin castigo envilece, empobrece, enajena la cultura, fulmina los valores, deteriora el bien común.

El sector privado, el informal y el estatal dinamizan la economía productiva en aras de propiciar los beneficios que crean los bienes requeridos por la sociedad y lidian por preservar su espacio dentro de la estructura social.

El Estado dominicano esta compuesto por tres poderes esenciales para su gestión gubernativa: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La interacción de estos poderes posibilitan la conducción del país apoyada en la aplicación de la Constitución de la Republica. La cual convoca cada cuatro años a elecciones en fechas separadas para la elección del ejecutivo y de los componentes del legislativo. El judicial depende de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura bajo la discrecionalidad del presidente de la nación.

Las organizaciones de la sociedad civil: ONGs, agrupaciones empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, movimientos diferenciados. Aglutinan sus esfuerzos en torno a la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho.

El acto supremo de la democracia radica en el poder popular que a través de las urnas da mandato a un sector político para gobernar conforme a un periodo de tiempo y a lo estipulado por la Carta Magna.

En las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 2004 fue necesaria la presencia de observadores internacionales y la injerencia de los embajadores de los países hegemónicos del planeta, para legitimar un proceso que tiene sus propias leyes y los mecanismos que permiten su pleno desarrollo.

El día de las elecciones las personas votaron en cumplimiento a su deber ciudadano, luego de concluida la hora de votación, el proceso siguiente degeneró en la articulación de un ambiente anómalo con las características propias de un asalto sincronizado al conteo regular de las votaciones para desvirtuar la realidad tendencial de la sumatoria de los votos. Acción frustrada por una intervención diplomática que solo indica la debilidad de nuestras instituciones y el desamparo de una población dispuesta a cumplir con sus deberes y a exigir sus derechos.

Derechos y deberes hábilmente maleados por aquellos obligados a inducir y a respetar su espíritu para la creación de un clima social donde prevalezca el imperio de la ley y la justicia.

La vorágine de la crisis económica hizo añicos las esperanzas de las grandes mayorías nacionales cimentadas en las elecciones del año 2000 que buscaban propiciar una mejor distribución de la riqueza - fruto del soberbio crecimiento económico - acumulada en pocas manos y entonces la memoria colectiva ante el inmediatismo de la infravaloración de la moneda y el desorden institucional opto por volver a recuperar la estabilidad económica, la funcionalidad relativa de las oficinas públicas y la accesibilidad a los bienes de consumo, teniendo en cuenta como tarea pendiente la desigual distribución de la riqueza, pobreza de acción que provoca exclusión social y que tiene que enriquecer el actual gobierno con políticas públicas a favor de los que menos tienen para permitir su acceso a un mejor nivel de vida.

La globalización, los tratados de libre comercio, las condiciones del mercado, el alcance de las nuevas tecnologías de la información, el manejo de las crisis sectoriales, la potencialización de las relaciones interinstitucionales, la conciliación del interés publico con lo privado y viceversa, forman parte intensiva de los nuevos retos de este tiempo en función de propiciar un nivel de vida digno para la gente.

Los responsables del Estado Dominicano tienen que tomar decisiones y requieren informaciones óptimas que le permitan aupar estrategias consecuentes con las aspiraciones de los intereses involucrados de tal manera que la Entidad Nacional no sea afectada en su Soberanía por las políticas supranacionales emergentes procedentes de los organismos multilaterales y por las líneas de acción pautadas por el entorno económico mundial vigente, indaguen profundamente para que adopten las mejores decisiones. Ejecuten una Reforma Fiscal que coloque a las personas donde el desarrollo humano y sostenible sea permanente. Ayuden a construir un País donde la corrupción sea combatida eficientemente y disminuida en sus alcances. Todos podemos contribuir a solucionar las crisis cíclicas de estos tiempos.